Uno de los impuestos más controvertidos de España, es el derivado de las sucesiones y donaciones, no solo por la notable discrepancia entre lo que se cobra por este concepto en las diversas comunidades, sino también por las diferentes opiniones políticas que se tienen con referencia al mismo.

Así pues, en la actualidad el debate ha llegado al punto en que se discute la posibilidad de su eliminación, criterio con el cual los ciudadanos están sumamente conformes. No obstante, hay quienes piensan que esta no es la solución al problema.

Ahora bien, debemos partir del hecho de que el impuesto sobre sucesiones se exige en todo el mundo, no es exclusivo de España y su razón de ser la encontramos en el texto constitucional, donde al reconocer el derecho a lo privado también se añade el límite de la función social que esta debe cumplir.

Con respecto a dicho límite, la mayoría tiende a relacionarlo exclusivamente con acciones tales como la expropiación y aunque esta forma parte de lo que ello implica, no es el único caso en el que se aplica la responsabilidad social sobre la propiedad. De ahí que la totalidad de actos de inter vivos o mortis causa, estén caracterizados por el pago de un impuesto.

En este sentido, es válido el criterio de quienes se rehúsan a su eliminación, porque a través de dicho impuesto se coopera con el gasto público, pero es igualmente correcto decir que urge reformar la manera en que el mismo se recauda, empezando por procurar la proporcionalidad entre las comunidades autónomas.

En todo caso, la solución se encuentra en la equidad. Se debe fijar un límite mínimo acorde a la realidad de cada autonomía y que se tengan en cuenta las situaciones personales para la determinación de las deducciones y se acaben realizando ajustes que permitan reducir la dependencia a tal impuesto. Entonces, se establecerá un orden con el que todos queden satisfechos.

Impuesto de sucesiones en España
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